ATENCION CON LA AUDITORÍA DE PENSIONES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
COMENZÓ LA
AUDITORÍA DE PENSIONES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
“Supeditar el cobro de la pensión a lo que desde el punto de vista médico
se considera una ‘invalidez suficiente’ ignora que la exclusión del mercado
laboral no conoce de porcentajes ni de baremos”, advirtieron las asociaciones y
aseguraron que “no cabe duda alguna de que las personas con discapacidad
enfrentan mayores barreras para trabajar que el resto de la población, y esa
situación es la que -en parte- justifica la necesidad de que cobren una pensión.
Sin embargo, esas barreras no se deben a sus diagnósticos”.
El gobierno nacional arrancó con las auditorias de pensiones para las personas con discapacidad. Las cartas documento viajan a beneficiarios de diversas provincias, se calcula que hay mas de un millón doscientas mil personas bajo este tipo de pensión. La respuesta a la citación es obligatoria para evitar la pérdida del beneficio, por lo cual es necesario dar a conocer esta noticia a quienes hayan cambiado de domicilio o no tengan mail registrado. De no asistir al turno, se pierde la pensión.
El recorte presupuestario preveía un descenso de 1.226.819 pensiones a 1.034.447, lo que implicaba la pérdida del beneficio para unas 192.372 personas.
Beneficiarios de las Pensiones No Contributivas por Invalidez
Laboral (PNCIL) de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Tucumán, Mendoza, San
Luis y Santa Fe recibieron en las últimas horas notificaciones en las cuales se
les indica que deberán presentarse, con la documentación solicitada, a una
evaluación con un profesional del PAMI para realizar controles médicos, como
requisito obligatorio para mantener el beneficio. En caso de no poder
asistir a la citación, se deberá justificar la ausencia con hasta 24 horas de
anticipación. Luego de la evaluación médica, los especialistas de la Agencia
Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuyo titular es el abogado personal de Milei,
Diego Spagnuelo, se tomará la atribución de analizar los antecedentes y
definirán la continuidad o interrupción del ingreso.
El recorte en este sector es consecuencia del fallido
Presupuesto 2025 elaborado en Casa Rosada el año pasado, el ítem
"Pensiones no Contributivas por Invalidez Laborativa" presentaba un
ajuste en términos reales del 40 por ciento respecto al 2024, y del 52,6 por
ciento si se lo compara con 2023. El recorte presupuestario preveía un descenso
de 1.226.819 pensiones a 1.034.447, lo que implicaba la pérdida del beneficio
para unas 192.372 personas.
La auditoría inició en 2024 por orden del gobierno de Milei
tras detectar presuntas irregularidades en el otorgamiento de las pensiones. De
22.417 casos revisados el año pasado, sólo el 20% cumplía con los requisitos
legales, según datos oficiales, y también se identificaron 150 personas
fallecidas, 212 presos y 14 prófugos de la Justicia que cobraban la pensión. El
proceso de la auditoría, cuya finalización se estipula para la primera mitad
del año, se realizará en forma progresiva y haciendo hincapié en las pensiones
que se otorgaron durante la gestión de Alberto Fernández. Para llevarla a cabo,
el Gobierno firmó acuerdos con la ANDIS y el PAMI para la contratación de
servicios postales, evaluaciones clínicas y procedimientos administrativos con
el objetivo de posibilitar la baja de aquellos beneficiarios que se encuentran
inscritos en forma irregular.
A principios de febrero, la Red por los Derechos de las
Personas con Discapacidad (REDI), la Federación Argentina de Instituciones de
Ciegos y Amblíopes (FAICA), la Asociación Civil Mesa de Trabajo en Discapacidad
y Derechos Humanos-Córdoba, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ),
el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos (APDH) y la asociación Andar interpusieron un reclamo
administrativo contra la Resolución 187/2015 de la ANDIS que aprueba el
"Baremo para la evaluación médica de invalidez de las Pensiones No
Contributivas por Invalidez Laboral". Según plantearon, la medida recurre
“a criterios médicos que desconocen el modelo social de la discapacidad”,
motivo por el cual es “abiertamente contraria a nuestro ordenamiento jurídico”,
a la vez que utiliza "una terminología palmariamente
discriminatoria".
"El proceso para definir quien debe percibir la pensión
y quién no debe considerar las barreras culturales, económicas y sociales que
enfrenta este grupo para ejercer sus derechos en condiciones de igualdad,
así como los gastos adicionales en los que las personas incurren por tener una
discapacidad", señalaron las organizaciones firmantes del reclamo, que fue
enviado al director ejecutivo de la ANDIS, Diego Spagnuolo.
“Supeditar el cobro de la pensión a lo que desde el punto de
vista médico se considera una ‘invalidez suficiente’ ignora que la exclusión
del mercado laboral no conoce de porcentajes ni de baremos”, advirtieron las
asociaciones y aseguraron que “no cabe duda alguna de que las personas con
discapacidad enfrentan mayores barreras para trabajar que el resto de la
población, y esa situación es la que -en parte- justifica la necesidad de que
cobren una pensión. Sin embargo, esas barreras no se deben a sus
diagnósticos”.
“No se trata de determinar si la persona puede o no trabajar
por sus características individuales, sino de analizar si las condiciones
estructurales en las que vive le permiten hacerlo realmente”, añadieron y
plantearon que "en lugar de analizar si el diagnóstico de la persona la
hace 'inválida' o no, se podría considerar que circunstancialmente no está en
condiciones de trabajar porque los prejuicios que existen hacia ella impedirán
que sea contratada".
Informe base de Juan Pablo Pucciarelli
EN ITUZAINGÓ la mayoria de las personas estan siendo citadas a la Clínica Santa Clara Morón, (Ex Constityentes) cuya dirección es Constituyentes 1072.
Por lo tanto se recomienda a todas las personas beneficiarias preparar toda clase de documentación que acredite su situación. A saber, documentos de identidad, resúmenes de Historia Clínica, estudios médicos, etc.
¿Qué pasa con las pensiones por discapacidad?
A continuación dejamos a disposición del público una guía de ayuda realizada por ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia)
Guía para personas con discapacidad
Y también la Resolución 187/2025 de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, RESOL-2025-187-APN-DE#AND del 14/01/2025
AQUI PODES HACER UN APORTE DE $1000
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